Algunos agresores pueden quedar absueltos por deficiencias en la ley.

Hay unas 100 denuncias por violencia de género que ingresan mensualmente a cada juzgado de Piura, estimó en Cutivalú la jueza Jacqueline Espinoza Ortiz.

En entrevista en Los Consultorios Médicos y Legales de Cutivalú, la representante del Poder Judicial explicó que estas denuncias deben ser abordadas por cada Juzgado de Familia en un plazo máximo de 72 horas, según la ley Nº 30364 Ley contra la violencia a la mujer y familiar.

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Jacqueline Espinoza señaló que de estas denuncias, las de violencia física y psicológica son las que más registra Piura, mientras que los casos de violencia sexual vienen incrementándose paulatinamente. La mayoría de víctimas son menores de edad.

Agregó que otras de las víctimas de violencia son los adultos mayores, cuyos casos también se presentan en Piura, aunque en menor escala.

La jueza Espinoza Ortiz sostuvo que la ley Nº 30364 Ley contra la violencia a la mujer y familiar tiene algunas deficiencias, sobre todo en la etapa de protección que se le debe dar a la víctima.

Por ejemplo, a la hora de dictar medidas cautelares como la de alimentos o tenencia de los hijos. La jueza señaló que en esta etapa el reglamento de la ley los limita debido a que tienen que ceñirse al artículo 611 del Código Procesal Penal, que establece algunos requisitos para dictar estas medidas cautelares.

Sin embargo,en varios casos, estos requisitos no se llegan a cumplir por la singularidad de cada una de las denuncias, razón por la cual, la medida cautelar dictada por el juez queda sin efecto.

La letrada reconoció otra deficiencia en la ley, a la hora de dictar medidas de protección, para proteger a la víctima  y evitar que el acto de violencia se repita.

Criticó que esta medida de protección quede sin efecto, cuando el agresor, por distintos motivos llega a ser absuelto, pese a haber existido la agresión. La jueza advierte que en estos casos, la víctima queda expuesta en alto riesgo, ante su agresor.

Otra de las deficiencias halladas por la jueza Jacqueline Espinoza es la falta de personal policial capacitado y especializado para atender adecuadamente, una denuncia de violencia contra la mujer y familiar.

Opinó que la policía debe ser capacitada en estos temas, sobre todo, porque tiene un plazo de 24 horas para investigar el hecho y de esta manera, se pueda otorgar la rápida protección de la víctima.

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