Tal como se había anunciado, diversos colectivos civiles y organizaciones sociales marcharon hoy exigiendo celeridad en el proceso de reconstrucción en la región Piura. Los principales manifestantes fueron la población afectada de Castilla, Catacaos, Cura Mori, Pedregal, Narihualá y Sechura.

A ellos se sumaron algunos representantes de Paita y Sullana, quienes criticaron el desempeño de las autoridades del gobierno central en estos ocho meses tras la inundación a causa del desborde del río Piura. Además, cuestionaron los procesos de adjudicación de obras y ejecución de trabajos, debido a los riesgos advertidos por la Contraloría.

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No estamos pidiendo, estamos exigiendo al gobierno central que cumpla con lo que ofreció, ya basta de tanto maltrato, ya basta de tanta indiferencia, hoy es un día histórico porque el pueblo de Catacaos se levanta para hacer oír su voz de protesta”, expresó Manuel Robledo, uno de los organizadores de la marcha.

Los manifestantes partieron de la Plaza de Armas de Catacaos en dirección al cruce vial conocido como ‘Trébol’. Allí bloquearon las cuatro vías que conectan Catacaos, Piura, Castilla y Chiclayo, resguardados por efectivos de la Policía y ante la atenta mirada de personal de la Defensoría del Pueblo.

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Los congresistas piuranos Karla Schaefer, Mártires Lizana y Hernando Cevallos se sumaron a la manifestación, pero fueron rechazados por los presentes y acusados de “oportunistas”. No obstante, Cevallos se dirigió al público y sostuvo que él no busca ningún beneficio personal, sino canalizar los reclamos de las poblaciones del Bajo Piura ante las autoridades nacionales.

El legislador del Frente Amplio anunció que mañana martes estará presentando la solicitud de interpelación al ministro de Agricultura, José Manuel Hernández, quien, según dijo, “es una vergüenza” para Piura.

Cerca de las dos de la tarde, los manifestantes desbloquearon las vías y levantaron el paro ante el anuncio de la visita de algunos ministros de Estado. Sin embargo, ello generó una desazón por parte de algunos pobladores, quienes alegaron que la medida de protesta debió prolongarse para “presionar” al gobierno central.

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