La Fiscalía pide 12 años de cárcel para Humberto Marchena, por presunto favorecimiento ilegal a su concuñada.

Escribe: Carlos Chunga

Este miércoles debió llevarse a cabo el inicio de control de acusación contra el alcalde de Ayabaca, Humberto Marchena Villegas, por el caso del presunto favorecimiento ilegal a su concuñada.

Sin embargo, la audiencia se frustró por cuarta vez en la sede del Segundo Juzgado Especializado Anticorrupción de Sullana, debido a la inasistencia del abogado de Maximina Granadino Cunya, concuñada de Marchena.

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Los cargos que pesan sobre el alcalde son colusión y negociación incompatible, por presuntamente favorecer a su concuñada en la contratación de 13 servicios de compra de materiales para la municipalidad provincial.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana pide 12 años de cárcel para Marchena y seis funcionarios suyos. También pide 9 años de cárcel para otro funcionario y 24 años de cárcel para la profesora Maximina Granadino.

Marchena faltó a su audiencia para asistir a la I Sesión de la Comisión Regional Anticorrupción, realizada en Sullana.

La jueza Alma Garay había determinado que, en caso de inconcurrencia de uno de los abogados, este sería excluido de la defensa legal, y el caso sería asumido por un abogado de la Defensoría Pública, que pertenece al Ministerio de Justicia.

Pero ningún abogado público pudo asumir la defensa de Granadino Cunya, ya que todos se encontraban en diversas diligencias. Con ello, el proceso judicial se dilata aun más, teniendo en cuenta que el personal del Poder Judicial se va de vacaciones en febrero.

Cabe indicar que el alcalde Humberto Marchena no asistió a su audiencia, pues acudió a la primera sesión de este año de la Comisión Regional Anticorrupción, realizada en la Fiscalía de Sullana.

Según la denuncia fiscal, el alcalde ayabaquino favoreció irregularmente a su concuñada entre el 2011 y el 2013, a través de contratos orquestados con ella para proveer servicios al municipio.

Tras la audiencia preliminar, el caso pasaría a juicio oral, previsto para dentro de tres o cuatro meses. En esa fecha el juzgado comenzaría a evaluar el fallo que determinará la sanción penal para el alcalde de Ayabaca.

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