Solo un 7% de los acusados por trata de personas fue sentenciado, informó la Defensoría del Pueblo.

Esta conclusión fue obtenida por el nuevo informe defensorial “Trata de personas con fines de explotación sexual en agravio de mujeres adultas. Estudio de casos en las regiones de Lima, Madre de Dios, Piura, Pasco, Lambayeque, Huánuco y Cusco”, realizado por la entidad.

El informe se basó en el estudio cualitativo y cuantitativo de 8 expedientes judiciales y 8 carpetas fiscales de entre los años 2009 y 2015. En total fueron 12 las víctimas por trata de personas investigadas.

Según una de las primeras conclusiones de la Defensoría, a nivel del Poder Judicial solo el 7% de procesados fue sentenciado por trata de personas, imponiéndosele una pena de 28 años y una reparación civil de S/. 4000 mil.

En una segunda instancia judicial, el 14% fueron sentenciados por trata de personas agravada y se le impuso una pena entre 12 y 15 años y una reparación civil de S/. 60,000.

Una de las observaciones que la Defensoría hace al respecto es que los operadores jurídicos suelen calificar los hechos como delitos conexos y menos gravosos (favorecimiento a la prostitución, proxenetismo y rufianismo).

Según el Código Penal, la trata de personas es sancionada con penas de entre 8 y 15 años de cárcel. En su modalidad agravada, la trata de personas recibe una sanción de entre 12 y 20 años de cárcel.

Desprotegidas

El informe defensorial también reveló que el 66% de las víctimas por este delito no recibió asistencia legal. Solo el 8% contó con el patrocinio legal del Ministerio de Justicia.

En los casos analizados por la entidad no se observó tampoco que la defensa de la víctima sea asumida por el Centro de Emergencia Mujer.

En el estudio también se identificó que se solo en el caso de 3 víctimas, la fiscalía dictó alguna medida de protección (reserva de identidad y datos personales, protección policial, cambio de residencia, entre otras). En ningún de los casos estudiados, la Fiscalía dictó como medida de protección reubicar a la víctima en un albergue o centro de acogida temporal, a pesar de que la misma se encontraba en una situación de riesgo.

(Fuente: El Comercio)

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