El martes último, tras corroborar que la abogada María Azucena Espinoza Paz tiene un proceso judicial pendiente en la Fiscalía de Morropón, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Guillermo Castañeda Otsu, envió un informe al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en donde le solicita dejar sin efecto su designación como fiscal adjunta provisional de Catacaos.

Según menciona Castañeda en dicho documento, “resulta evidente que la precitada abogada no cumple con los requisitos de fiscal provisional”.

Ello debido a que “dicha abogada, sí registra un proceso penal pendiente, el mismo que se encuentra suspendido por haberse declarado fundada la cuestión prejudicial”.

Según indicó Guillermo Castañeda, antes de proponer a Espinoza Paz, a sugerencia de la fiscal titular provincial de Catacaos, Ely Fiestas Antón, le solicitó adjunte los requisitos correspondientes, entre ellas, el récord de quejas y/o denuncias, y el certificado de antecedentes judiciales.

Agregó que en toda la documentación que ella ha presentado, no lo registra, pero que ante la denuncia de diario Correo y la precisión del expediente del caso, se requirió a la Fiscalía de Morropón, la cual confirma dicho proceso, por lo que procedió a emitir un informe sugiriendo al Fiscal de la Nación, deje sin efecto el nombramiento de la abogada.

Cabe señalar que en los registros del Poder Judicial y del Ministerio Público, solicitados por el presidente de la Junta de Fiscales, no constaba ningún proceso pendiente contra la abogada, pese a existir en la Fiscalía de Morropón.

Según el informe de Teresa de Jesús Nunura Valdiviezo, fiscal adjunta titular de Morropón donde labora desde el 2012, la carpeta fiscal con el caso donde estaba incluida la abogada María Azucena Espinoza, la tenía asignada el fiscal provisional de ese entonces, Luis Enrique Núñez Frías, hasta el año 2013.

Agrega que dicha carpeta fiscal no se encuentra físicamente desde el 2011 por haber sido colocada en el sistema virtual.

Cabe señalar que Núñez Frías es ahora jefe de asesoría jurídica del Gobierno Regional.

(Fuente: Correo)

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