Eduardo Vega Luna en entrevista con CUTIVALÚ. (Foto: Cindy Chanduvi)

El exdefensor del Pueblo y director del Instituto Ética y Desarrollo de la universidad jesuita Antonio Ruiz de Montoya, Eduardo Vega Luna, presentó en Piura el estudio “El círculo de la corrupción en los gobiernos regionales de Cuzco, Ayacucho, Moquegua, Madre de Dios y Piura”.

Uno de los datos más restantes del estudio revela que el círculo de la corrupción empieza en el proceso  de las elecciones, con el financiamiento a las campañas políticas, que luego condicionan la designación de amigos en puestos de confianza como las gerencias de infraestructura y logística, así como la conformación de comités de adjudicación de obras para devolver favores a los financistas.

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“La corrupción en las regiones está presente desde las elecciones donde los proveedores y empresarios financian a varios candidatos con el objetivo de quien gane las elecciones esté hipotecado a estos financistas, generando a partir de ello el círculo de corrupción en las obras públicas, compra de bienes y consultorías”, expresó Vega Luna.

Asimismo cuestionó que no haya ningún control en el financiamiento de las campañas políticas. Lamentó el rol limitado de la ONPE para fiscalizar los aportes que reciben las organizaciones políticas, ya que según la ley esta rendición  se realiza después de las elecciones, cuando los candidatos ya han sido elegidos autoridades.

Eduardo Vega conversó con los trabajadores de la Plataforma Jesuita de Piura. (Foto: Cindy Chanduvi)

“Los candidatos no saben decir quién financia sus campañas, y no lo vamos a saber hasta después de las elecciones, de acuerdo a la nueva ley. Y esto es lamentable porque en varias regiones está presente el narcotráfico y la minería ilegal en las campañas políticas”, dijo.

Durante la presentación de su estudio, Vega Luna instó a la población a informarse sobre los candidatos de sus distritos, provincias y regiones para emitir un voto consiente e informado.

ESTUDIO

Otro de los datos compartidos por el investigador tiene que ver con las obras paralizadas durante las actuales gestiones regionales. En el caso de Piura, arroja que la corrupción ha contribuido a que 40 obras valorizadas en más de 500 millones de soles estén paralizadas.

Asimismo, la corrupción ha sumado a que más de 100 casos de trabajadores que cometieron una infracción administrativa hayan prescrito, generando en la sociedad una sensación de impunidad.

Por otro lado, el especialista consideró que los Órganos de Control Institucional (OCI) de las municipalidades y los gobiernos regionales no garantizan una adecuada fiscalización a las acciones irregulares que cometen los funcionarios públicos.

“Todos los gobiernos tienen un OCI, pero no tienen las suficiente autonomía e independencia. Los encargados de estos órganos no van a investigar y sancionar de manera objetiva a quien les paga el sueldo”, expresó.

El exdefensor del pueblo sostuvo que esto contribuye al círculo de la corrupción apañada por una cultura de la no sanción, pues los funcionarios corruptos no reciben castigo, y los comités de selección de obras se conforman a dedo.

En ese sentido propuso que todos los OCI dependan exclusivamente de la Contraloría para que los hechos de corrupción sean castigados. Precisó que el 30% de las municipalidades y el 70% de los Gobierno regionales tienen una OCI.

Dato: La presentación del estudio en Piura fue organizado por la universidad jesuita Antonio Ruíz de Montoya, la Plataforma Jesuita de Piura, CIPCA y Radio Cutivalú.

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