Abogada Sadith Aponte: «La publicidad es un bien lícito y no puede prohibirse»

La abogada penalista criticó la 'Ley Mulder', que prohíbe contratar publicidad estatal en medios privados.

Abogada penalista Sadith Aponte.

La reconocida abogada penalista Sadith Aponte Coronado criticó este miércoles la ‘Ley Mulder’, que prohíbe la publicidad del Estado en los medios de comunicación privados.

“Esa norma es inconstitucional. La publicidad es un bien lícito, por lo tanto, no puede prohibirse. La Constitución en el artículo 62, regula la libertar de contratar. Al prohibir tajantemente el ciudadano no podrá conocer la información que se genera en la gestión estatal. Además, limita la libertad de expresión”, afirmó en diálogo con CUTIVALÚ.

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La abogada señaló también que la ‘Ley Mulder’ promoverá la desinformación entre los ciudadanos al limitarle la posibilidad de informarse sobre la actividad del Estado, y sobre todo cómo las autoridades están administrando los bienes y recursos públicos.

“Podría haber una desinformación total, un aprovechamiento de parte de los funcionarios y servidores públicos para que solo ellos manejen la información. Si había desinformación cuando se podía difundir en los medios privados ahora será más complicado. La situación se presta para que se cometan otros delitos que no conozcamos. Cuando una persona está desinformada es lo peor que puede pasar”, expresó.

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Aponte indicó que es vital que los ciudadanos estén informados, por ejemplo, de lo que se invierte en Pensión 65 o en el sector Educación, y la norma prohíbe todo tipo de difusión en los medios privados, direccionando a todas las instituciones públicas a usar la plataforma de medios nacionales: El Peruano, Tv Perú, Radio Nacional y la Agencia Andina.

Sin embargo, recalcó que estos medios nacionales no tienen la mejor cobertura, por lo que la población de los sectores más alejados serán los que se vean más perjudicados.

Datos:

  • El 14 de junio se aprobó por insistencia el proyecto de ley del Congreso.
  • El 21 de junio el Gobierno presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

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