(Foto: Correo)

La audiencia contra cuatro policías de la comisaría de Sullana, en Piura, implicados en la muerte del joven universitario Carlos Farfán Ruiz, se inició con dos horas de retraso y se suspendió, por tercera vez, por la ausencia de uno de los abogados defensores.

Como era de esperarse, la más mortificada con esta situación fue la madre del occiso, Isabel Ruiz Valecillo, quien lloró al concluir la diligencia.

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“Me siento destrozada porque no hacen nada por mi hijo, reprograman y reprograman, no sé hasta cuándo habrá justicia. Esta vez postergaron la audiencia porque no acudió el abogado del policía Edgar Calderón Zapata”, dijo la angustiada mujer.

Fue en julio del presente año, que el joven fue asesinado en manos de policías de la comisaría de Sullana, en medio de un tiroteo a inmediaciones del óvalo Turicarami.

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Ese día, Carlos Farfán iba con sus amigos a bordo de una moderna camioneta, cuando fueron confundidos con delincuentes. La Policía los persiguió varias cuadras hasta que los amigos cayeron rendidos, luego de recibir una ráfaga de balas.

Carlos Farfán fue el único que no sobrevivió para contar esa pesadilla. En cambio, los hechos quedaron registrados en las cámaras de vigilancia de un local que está ubicado a inmediaciones del tiroteo.

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También testigos grabaron a los jóvenes cuando eran esposados en el suelo con las heridas sangrando. Mientras que un elemento de la Policía, que estaba de franco, intervienó en el operativo, aparentemente en estado etílico, y golpeó a los heridos y realizó disparos.

Pese a que lo hechos se dieron en esas circunstancias y hubo un muerto de por medio, hasta la fecha no hay sanciones para los policías.

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Peor aún, la audiencia de prisión contra cuatro policías se viene dilatando desde octubre que el fiscal encargado de este caso, Manuel Anicama Ibáñez, solicitó 18 meses de prisión preventiva para los policías implicados en la muerte.

Primero, el fiscal solicitó esta medida cautelar para cinco policías y luego excluye al agente Erick Zorrilla Paz, mientras que el resto de sus colegas siguen defendiéndose para evitar ir a prisión.

Ellos son: el teniente PNP Darko Mendoza Rey, y los subalternos Edgar Calderón Zapata, Henry Castillo Alarcón y Jhony Merino Guerra, para quienes el fiscal ha ratificado el pedido de 18 meses de prisión por los delitos de tentativa de homicidio, lesiones graves y abuso de autoridad. El primero reconoció que disparó en automático la AKM contra los tripulantes.

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CUESTIONAN

La madre del occiso cuestionó la labor del fiscal Manuel Anicama Ibañez y del juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, Luis Vásquez Dioses.

“Estoy mortificada con el Ministerio Público y el Poder Judicial, esto ya parece un arreglo para postergar y dilatar este caso. Ahora están reprogramando la audiencia hasta el 28 de diciembre”, indicó la madre de familia.

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“Usted vaya y pregúntele al juez. Yo he venido como un usuario a pedir un requerimiento, desde las 8:00 de la mañana estoy acá”, indicó el fiscal responsable Manuel Anicama Ibáñez, visiblemente ofuscado.

“El doctor ha manifestado que se ha disculpado que ha tenido una situación personal que ha tenido que resolver, que escapa a mí”, explicó el fiscal con relación a la ausencia del abogado defensor de un policía.

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“Se van a solicitar abogados de oficio, en caso otro letrado frustre esta audiencia, se va a notificar para una próxima audiencia, la del día 28 de diciembre”, agregó el magistrado.

Anicama Ibañez tiene una queja pendiente por este caso, que en su momento hiciera el abogado de la familia del agraviado, Eduardo Velásquez Pasapera.

También ha sido objeto de serios cuestionamientos por su trabajo al frente de este caso, sobre todo porque en su momento no precisó bien la imputación de los procesado,s lo que originó que la audiencia se postergue.

(Fuente: Correo)

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