ALER se solidariza con las luchas del pueblo ecuatoriano

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La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), a través de un comunicado, expresó su preocupación por la situación de derechos humanos en Ecuador, especialmente cuando el Gobierno Nacional ha decretado el Estado de Excepción por 60 días y el Toque de queda en las zonas consideradas estratégicas.

La Defensoría del Pueblo de Ecuador ha denunciado uso excesivo de la fuerza contra los y las manifestantes, así mismo ha informado arbitrariedades en contextos de privación arbitraria de la libertad, tratos crueles, inhumanos, degradantes y actos de tortura. Aumenta cada día la cifra de personas fallecidas durante las protestas, cientos de personas heridas y más de 400 personas detenidas.

Se suma al público que realiza la Defensoría del Pueblo al gobierno para que derogue el Estado de Excepción y respete los protocolos internacionales de derechos humanos.

ALER se solidariza y se suma a las voces con la lucha de los pueblos indígenas, trabajadores/as y de los sectores populares que han salido a las calles para rechazar unas medidas económicas que forman parte de las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI), que entre otras cosas incluyen el aumento del precio de la gasolina y la eliminación de los subsidios al combustible.

No es un secreto que el FMI ha vuelto a implicarse en Latinoamérica y El Caribe tras años de distanciamiento y recelos. Lo hace con Argentina y Ecuador. Hoy estamos viendo las consecuencias dramáticas de firmar acuerdos sin tomar en cuenta a las y los trabajadores, indígenas y los diversos sectores sociales.

El Gobierno ecuatoriano firmó con el FMI un acuerdo para un préstamo de millones de dólares, a cambio, el ejecutivo ha puesto en marcha un duro plan de ajuste que considera despidos masivos en la administración pública, flexibilización laboral y otras medidas que golpean a la ciudadanía.

ALER llama a las autoridades ecuatorianas a respetar los derechos humanos, el cese de la represión y a revisar este paquete de medidas económicas, con apertura al diálogo transparente con los sectores sociales reconociendo el legítimo derecho a la protesta social en virtud de la debida atención a las demandas sociales.

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