CNDDHH solicita la desactivación del Grupo Terna por represión en marchas ciudadanas

La abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Mar Pérez Aguilera, calificó como un avance la reestructuración de la Policía Nacional tras la evidente violación a los derechos humanos durante las marchas ciudadanas. Espera que el siguiente paso sea la desactivación del Grupo Terna. 

Foto: facebook Diego Miranda

La abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Mar Pérez Aguilera, calificó como un avance la reestructuración de la Policía Nacional tras la evidente violación a los derechos humanos durante las marchas ciudadanas. Espera que el siguiente paso sea la desactivación del Grupo Terna.

“Es un anuncio que saludamos, es muy importante, pero lo que demandamos es la desactivación del Grupo Terna. Estamos muy preocupados por la actuación de los efectivos. Hay bastantes evidencias de que esta sería la forma en la que regularmente actúa este grupo”, lamentó Pérez Aguilera en declaraciones a Cutivalú.

La abogada cuestionó los evidentes hechos de violación de derechos humanos cometido por integrantes de esta unidad policial, entre estos las detenciones arbitrarias, el sembrado de pruebas, la intimidación de personas y violencia sexual contra las mujeres. Por ello, recomendó una investigación profunda sobre las intervenciones realizadas por los Terna, no solo durante las protestas sino también en los operativos contra la delincuencia.

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“Lo que no podemos hacer es renunciar a nuestros derechos humanos y permitir que la lucha contra la delincuencia utilice, a su vez, métodos delictivos. Cualquiera puede verse vulnerado en sus derechos”, advirtió.

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Asimismo, lamentó que-pese al anuncio del presidente Francisco Sagasti, de renovar a los altos mandos de la Policía, se mantenga en sus cargos a los jefes de la Unidad de Servicios Especiales (USE), Jorge Cayas, y al jefe del Escuadrón Verde, dado que “ambas unidades han tenido un peso importante en las represiones de los últimos días y deben ser suspendidos”.

A su vez, cuestionó la designación del  director de la oficina de Integridad Policial, quien ha sido asesor del ministro denunciado, y “genera una situación de conflicto de intereses”, en un área donde se realizan las investigaciones contra los generales de la PNP involucrados en las denuncias por la muerte de dos jóvenes.  

“No hay experiencia previa de que a nivel administrativo se haya sancionado a los implicados en la muerte de manifestantes. No se garantiza la imparcialidad”, sostuvo.

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De otro lado, opinó que debe darse participación a las rondas campesinas para liderar una verdadera reforma dentro de la institución policial. 

La Policía debe incluir el desarrollo de habilidades sociales en la formación de sus efectivos

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