Defensoría: “Acuerdo de Concejo de Ayabaca que impide información de obras públicas vulnera función fiscalizadora de regidores”

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El acuerdo del Concejo municipal de Ayabaca vulnera la función fiscalizadora de los regidores al impedir que accedan a información sobre las obras públicas, opinó el representante de la Defensoría del Pueblo en Piura, César Orrego.

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El funcionario consideró que el acuerdo municipal de Ayabaca que impide a los regidores de minoría acceder a información antes y durante la ejecución de obras públicas, atenta contra su facultad de fiscalizar.

Orrego explicó que la información es un bien público, por lo tanto, el proceso de construcción de una obra debe ser conocido por la población antes durante y después. Pero hay organismos y autoridades, como la Fiscalía, la Contraloría, y los regidores que no solo les asiste el derecho si no que le asiste esa facultad.

“Siendo una obra pública, nadie puede restringir el acceso a la información ni a los ciudadanos, y menos aún en el ejercicio de una facultad a alguien que quiera controlar, entre los fiscalizadores natos que son los regidores”, expresó.

Esto luego de que en mayo de este 2019, la mayoría del Concejo Provincial de Ayabaca, prohibiera mediante un acuerdo municipal que los regidores de minoría accedan a la planilla de pagos de una obra en Sauzal Bajo.

Quema de caña en La Huaca

Respecto al conflicto social en el distrito de La Huaca por la quema de caña de azúcar, el representante de la Defensoría del Pueblo en Piura, señaló que es necesario fortalecer el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), para que pueda intervenir de inmediato ante eventos que dañen el medio ambiente.

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“El OEFA requiere un fortalecimiento para que rápidamente se intervenga en la zona. Esto [quema de la caña] no es de ahora”, dijo en declaraciones a Cutivalú.

Del mismo modo consideró que las autorizaciones obtenidas por algunas empresas para realizar la quema de caña, deben ser revisadas por las autoridades competentes porque “pone en riesgo la seguridad de la comunidad”.

“El Estado debe ser mu cautelo en revisar estos permisos, sino también en proteger a los vecinos y al medio ambiente. Eso es un Estado responsable y cumplidor de su mandato”, añadió.

Conflicto social en El Alto

Sobre al conflicto entre la población de El Alto, en Talara, y la empresa de capitales chinos CNPC, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura, César Orrego, indicó que para conseguir una solución es necesario aclarar cuáles fueron los compromisos con la comunidad y si los cumplieron durante los últimos años.

“Nosotros hemos pedido saber a qué estaba comprometida la empresa, qué acuerdos hubo durante los últimos años, cuál ha sido su nivel de cumplimiento y qué instituciones han debido supervisarlos”, manifestó Orrego en declaraciones a Cutivalú.

Orrego dijo claramente que los conflictos sociales no deben ser sinónimo de violencia si no de diálogo con la participación activa de la población, el Estado y las empresas.

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Cabe indicar que el último fin de semana un grupo de protestantes incendió la infraestructura de la empresa CNPC en el distrito de El Alto, debido a que no iniciaron el diálogo con los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y resresentantes de la empresa.

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