Detrás del paro agrario: el cuestionado régimen laboral de las agroexportadoras

Desde el lunes, miles de trabajadores de empresas agroexportadoras de Ica iniciaron un paro indefinido solicitando mejores condiciones laborales y el aumento de su salario básico. Una comisión del Ejecutivo viajó a la zona, se reunió con los dirigentes y acordó presentar una propuesta legislativa que elimine a las services del sector y considere el pago de beneficios sociales. El reclamo, no obstante, ya ha comenzado a replicarse en otras regiones del país.

Foto: OjoPúblico/ Óscar Rosario

Por: Ojo Público

Exhausto y bajo un sol implacable, Marcelo Gonzales Loayza grita al pie de la carretera Panamericana Sur, en Ica: “Nuestra lucha es justa”. El hombre lleva tres noches durmiendo en la calle y comiendo de las ollas comunes que preparan los trabajadores agrícolas que, como él, iniciaron un paro indefinido el último lunes.

El pedido unánime es que el Congreso de la República derogue el Decreto de Urgencia N° 043-2019 -que extendió por 10 años la Ley de Promoción del Sector Agrario-, y que el Ejecutivo implemente un régimen laboral que mejore sus salarios y elimine a las services del sector. La actual ley, sostienen los trabajadores, beneficia a las empresas y no les otorga estabilidad laboral, pues los contratos son temporales.

Gonzales Loayza es oriundo de Pucallpa y, en junio de 2019, migró a Ica para emplearse  en los campos de cultivo de las empresas agroexportadoras de la región. Desde esa fecha su salario ha sido de S/39,19 al día. “En estos cinco años trabajé en 10 empresas. Algunas me trataban regular y otras mal, pero todas pagan lo mismo por arduas horas de trabajo”, cuenta a OjoPúblico.

Foto: OjoPúblico/ Óscar Rosario

Imer Ochavano, trabajador agrícola desde hace tres años, agrega que “las empresas pagan ese monto por ocho horas de trabajo, siempre y cuando cumplamos la tarea del día, pero si no terminamos [lo encomendado] nos pagan menos”.

La Defensoría del Pueblo informó a OjoPúblico que han recogido testimonios de los protestantes en Ica, y que “la mayoría afirma que son discriminados por sus rasgos culturales, maltratados al no recibir agua ni alimentos durante el trabajo; y perciben un salario mínimo que no los beneficia”, precisó Jorge Hernández, defensor del Pueblo de Ica.

Luego de tres días de protestas, los manifestantes y representantes del Ejecutivo acordaron una tregua para permitir el paso de los vehículos por la carretera, solo desde las 5 pm hasta la medianoche del último miércoles. Además, los ministros de Trabajo, Javier Palacios; y de Desarrollo Agrario y Riego, Federico Tenorio, se comprometieron a impulsar un proyecto de ley que derogue el capítulo laboral de la Ley de Promoción Agraria, prohíba las services en este sector, y contemple el pago de utilidades para los trabajadores.

En paralelo, se acordó fortalecer a la Sunafil, para que realice más inspecciones en las agroexportadoras de Ica y supervise de manera más activa el respeto a los derechos laborales de los trabajadores. No obstante, las protestas continúan, al igual que los bloqueos en la carretera Panamericana Sur.

Una Ley sin beneficios

El 30 de agosto de 2000, durante el régimen de Alberto Fujimori, se promulgó la Ley que aprueba las normas de promoción en el sector agrario y establece la tasa de impuestos a la renta en un 15% a favor de las personas naturales y empresas agroexportadoras de cultivos, crianza y acuícola.

Foto: OjoPúblico/ Óscar Rosario

La vigencia de esta norma, promovida por el exministro y empresario agroindustrial José Chlimper Ackerman, fue establecida inicialmente por 10 años. Pero, en julio de 2006 -durante el gobierno de Alejandro Toledo- fue extendida hasta el año 2021 y, el 19 de setiembre del año pasado, el Congreso de la República aprobó una modificación que la amplió hasta el 2031.

El entonces presidente Martín Vizcarra la promulgó, mediante el Decreto de Urgencia N° 043-2019. Dicha norma aumentó el período de vacaciones de los trabajadores agrícolas, de 15 a 30 días. Pero mantuvo el salario básico de S/39,19 al día, que incluye  la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), las gratificaciones de julio y diciembre, y las vacaciones.

El congresista Lenin Bazán, miembro del Frente Amplio y quien pidió derogar la ley, observó que las empresas del sector solo aportan el pago del 4% del seguro social y, recién en 2021, ese monto aumentará al 6%, para llegar, progresivamente, al 9% en 2029.

Eduardo Zegarra, investigador principal del Grupo de Análisis Para el Desarrollo (Grade), también cuestionó la ley porque “genera un esquema de contrataciones laborales extremadamente desprotector, al permitir un régimen temporal en el que el empresario no asume los beneficios sociales, sino que es el mismo trabajador quien paga estos [beneficios] con su salario”, explicó. Además, indicó que no se reconoce el seguro laboral por accidentes ni la asignación familiar.

“Se debe devolver los derechos básicos a los trabajadores, que están establecidos en el régimen general: la CTS, vacaciones y gratificaciones, que no pueden ser licuados de su salario, sino que deben salir de un fondo [de la empresa]”, dijo el investigador a OjoPúblico.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo informó a este medio que, en Perú, hay 4.699 empresas dedicadas a la agroexportación, de las cuales el 28% se ubica en el norte, el 20% en el sur y el 36% en Lima. Solo en Ica hay 353 empresas de este tipo, que representan el 7,5% del total del país. Asimismo, se estima que 80 mil personas laboran en el sector. No obstante, Zegarra señaló que son 122 las agroexportadoras que concentran el 85% de la fuerza laboral y reciben beneficios tributarios del Estado peruano.

Un informe de OjoPúblico reveló que el 93% de los 492.360 derechos de extracción de agua, otorgados hasta 2018 por el Estado, estaba en manos del sector agrícola (el resto se destinaba a las industrias extractivas y uso poblacional). Y quienes concentraban el mayor número de licencias eran ocho de las empresas agroexportadoras y azucareras más rentables del país, la mayoría en zonas con poca o insuficiente cantidad de agua. Asimismo, el sector agroexportador es uno de los más favorecidos con beneficios tributarios otorgados por el Estado peruano.

En busca de un salario digno

Julio Carbajal Palomino, presidente del Frente de Trabajadores Agrícolas de Ica, dijo a OjoPúblico que, pese al crecimiento de la agroexportación, los sueldos de los trabajadores no se han incrementado en los últimos años.

Los ministros de Trabajo y de Agricultura se reunieron en Ica con los dirigentes sociales y acordaron una tregua para que los vehículos puedan pasar por la carretera. Foto: Defensoría del Pueblo

Una de sus mayores preocupaciones -y motivo de su protesta- es precisamente el sueldo que reciben. Durante la reunión con representantes del Ejecutivo, los dirigentes sociales solicitaron el aumento de salarios. “Pedimos la remuneración diaria de S/70 porque el trabajo en el campo es arduo”, explicó Carbajal Palomino.

Sin embargo, dicha propuesta fue rechazada por los funcionarios, pues indicaron que no pueden determinar un salario dentro del sector privado. No obstante, plantearon una reunión con los empresarios del sector -programada para el día de hoy-, con el objetivo de buscar un consenso en la mejora de las remuneraciones.

El congresista Lenin Bazán, quien presentó un pedido para derogar la Ley de Promoción Agraria ante el Pleno del Congreso, reconoció que no se puede incrementar el salario de los trabajadores porque están en el sector privado. Sin embargo, señaló que sí se les puede reconocer mayores beneficios laborales.

En esta línea, el parlamentario propuso derogar la ley y que todos los trabajadores pasen automáticamente al régimen general, donde se les reconocería el pago de CTS, vacaciones y seguro de salud en un 9%. Además, planteó la formalización de los trabajadores y sindicalización, para que puedan entablar negociaciones con los empleadores.

Con 59 a favor, 53 en contra y dos abstenciones, la propuesta fue enviada a las comisiones de Economía y Agricultura, que deberán formular un dictamen para aprobar la derogatoria de la ley o realizar modificaciones. El congresista Anthony Novoa Cruzado señaló, asimismo, que presentarán una propuesta de ley para mejorar las condiciones de los agricultores. Lo harán este viernes, luego de la votación del pedido de confianza al nuevo gabinete del presidente Francisco Sagasti.

Sobre los abusos laborales que denunciaron los agricultores, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó que en Ica se presentaron -desde el inicio de la pandemia- 1.028 denuncias por temas sociolaborales y seguridad, y de salud en el trabajo. De esa cantidad, 62 denuncias corresponden al sector agroindustrial.

Al cierre de este artículo, la Defensoría del Pueblo alertó que los manifestantes desconocieron el compromiso de sus dirigentes de liberar la carretera, que continúa bloqueada. Mientras tanto, el líder Julio Carbajal viajó a Lima para presentarse ante el Congreso de la República y exigir la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria así como la implementación de un régimen laboral especial que contemple el pago diario de S/70 en el sector.

El descontento se extiende a otras regiones

La llamaremos Olga, de 40 años, oriunda del Bajo Piura. Comenzó a trabajar en las empresas agroexportadoras de la región norteña hace cinco años. Ha laborado en fundos agrícolas de uva, pimiento piquillo y arándanos, siempre en las áreas de cosecha. Hasta hace algunos meses, se levantaba a las 3:50 de la mañana para alistarse. Una hora después, tomaba el bus hacia su trabajo y, a las 6, comenzaba la jornada en el fundo.

“Era por avance. Cada vez te exigían más: que coseches más fruta y lo hagas sin equivocarte […] Era muy cansado, estabas varias horas parada, bajo el sol que te quemaba todo”, relata la mujer que, en agosto, dejó el empleo.

Ahora es su hija, de 19 años, quien labora en la misma empresa: Consorcio CARSOL JRM S.A.C., especializada en el cultivo de arándano. “ Al inicio nos pedían solo cultivar 10 jabas [de arándano]. Como vieron que podíamos, nos aumentaron a 12. Por cada jaba adicional te pagan S/ 5, pero es cansado”, resume la chica. Fue tanto el agotamiento físico que, a mediados de noviembre, también dejó el empleo durante algunas semanas.

Este es el contrato que firman los trabajadores agrícolas de la empresa agroexportadora Carsol, cuya sede se ubica en el Medio Piura. Foto: OjoPúblico/ Ralph Zapata

“Estaba muy cansada y quemada por el sol. Me sentía agotada. A pesar de que te dan mascarilla y un gorro, no es suficiente; y no te dan bloqueador solar. Además, había rumores de que sacarían gente, entonces decidí descansar”, cuenta. Sin embargo, obligada por la pobreza, volvió al fundo hace una semana. “Me hicieron firmar un nuevo contrato, igual al que firmé la primera vez”, señala.

Este documento, al que accedió OjoPúblico, se ampara en la Ley de Promoción Agraria y señala que es “un trabajo intermitente”. Así, fija una remuneración de S/39,19, que ya incluye Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y las gratificaciones de julio y diciembre.

Desde la región de La Libertad, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Camposol S.A. (Sitecasa) también respaldó la protesta de Ica y ayer realizó una marcha pacífica en la ciudad de Virú. Los dirigentes solicitan aumento en sus salarios y el pago de beneficios sociales. Por ese motivo, hoy bloquearon la carretera Panamericana Norte, a la altura del Valle del Chao.

Al mediodía se reportó la muerte del trabajador agrícola Jorge Muñoz Jiménez, de 20 años, cuando la policía intentaba despejar la carretera Panamericana Norte, que a esa hora permanecía bloqueada. Su padre, José Muñoz Vílchez, dijo al medio local Sol Tv que su hijo trabajaba en la empresa agroexportadora Camposol, pero que «estaba con descanso». «Recién se había comprometido; su esposa está embarazada, tiene cuatro meses de gestación», contó.

El defensor del Pueblo de La Libertad, José Agüero, solicitó a la Fiscalía investigar con celeridad el deceso del joven. Mientras tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que la protesta en esta región dejó un fallecido y cinco heridos: un civil y cuatro policías. Todos ellos permanecían en el centro de salud de Puente Chao, en la provincia de Virú.

Boleta de pago un empleado agrícola que laboró en una agroexportadora en Piura, con una remuneración de S/ 39,19 al día.

Inspecciones durante la pandemia

En mayo de este año, la Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, conformada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Oxfam en Perú y CooperAcción, entre otras instituciones, publicó un informe sobre empresas que incumplieron con el Estado de Emergencia por la Covid-19. Entre estas figuraban empresas agroexportadoras de Piura, Lambayeque e Ica.

“Por un lado está la irresponsabilidad de los propietarios de estas empresas al obligar a sus trabajadores a realizar actividades sin los debidos controles, y segundo en la demora del Estado en la implementación de protocolos de salud y señalar sanciones por el incumplimiento de los mismos”, señala el informe. 

Dos meses antes, frente a diversas denuncias por incumplimiento de las medidas sanitarias, la Fiscalía y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) inspeccionaron algunas agroexportadoras en Piura e hicieron recomendaciones a las empresas para evitar la aglomeración del personal y contagios de Covid-19.

“Los reclamos son continuos y desde hace años”, señala a OjoPúblico Carlos Paz Valera, coordinador del albergue de damnificados del Kilómetro 980, en Piura. Allí viven 1.200 familias que perdieron todo por las lluvias de El Niño costero, en 2017. 

“Acá muy cerca del albergue hay cinco empresas agroindustriales. El 80% de nuestra gente trabaja allí. A veces, ni terminan de comer y ya los están llamando. Son personas explotadas, marginadas. [Los empresarios] quieren más producción y no les pagan lo justo”, señala el dirigente.

Protesta agraria en Piura: más de 80 mil trabajadores laboran en agroexportadoras

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