Fiscal de la Nación inicia investigación a cuatro congresistas y un ministro

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Decisión tomada. La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, optó por abrir de forma preliminar una investigación el ministro de Vivienda, Carlos Bruce, quien también es congresista, y a los legisladores César Vásquez , José Marvin PalmaClemente Flores y Javier Velásquez, por sus presuntos vínculos con «Los Temerarios del Crimen», mafia que tenía como cabecilla al hoy detenido ex alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, quien promovía obras públicas a cambio de sobornos.

El pedido formal lo realizó el fiscal provincial Juan Carrasco, a cargo del referido caso, en marzo pasado, tras remitir al despacho de la titular del Ministerio Público toda la documentación en la que sustenta los elementos de convicción por los que considera que los congresistas deben responder, en torno a presuntos actos de corrupción de funcionarios y tráfico de influencias.

Luego de analizar la información con detenimiento, Ávalos Rivera decidió que habían elementos suficientes para investigar de forma preliminar al ministro y los cuarto congresistas por un espacio de 60 días ─ informó El Comercio─ , tiempo en el que se realizarán las diligencias respectivas, como tomar la declaración de los imputados. El proceso estará a cargo del fiscal supremo Luzgardo González, jefe del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.

Según el fiscal Carraco, el exalcalde Cornejo Chinguel tenía todo un aparato de empresarios y funcionarios públicos que lo ayudaban a sus fines en Chiclayo. Los congresistas en mención era el brazo político de la organización, de acuerdo a la tesis del magistrado.

Por ello, la Fiscal de la Nación suscribió cinco disposiciones para que el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales realice las investigaciones, al tratarse de «altos funcionarios» que poseen antejuicio político, según establece la Constitución.

En este caso también está implicado el congresista fujimorista Héctor Becerril, pero no fue incluido en esta carpeta fiscal porque el Ministerio Público dispuso que sea imputado en otra investigación que tiene abierta, la que le sigue por el delito de cohecho pasivo, referida a la denuncia por haber solicitado a la empresaria Mirtha Gonzáles Yep acabados de lujo para su casa en Trujillo, como presunta coima para interceder a favor de una empresa que ella representaba en una licitación.

Las imputaciones

Bruce Montes de Oca se le investiga por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, porque cuando era ministro de Vivienda en el 2017, en el gobierno de PPK, habría gestionado el traspaso de la Unidad Ejecutora del Proyecto de Agua y Desagüe del Pueblo Joven Santa Rosa y la Urbanización San Lorenzo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, hacia el Programa Nacional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Bruce, quien volvió a la cartera de Vivienda en el gobierno de Vizcarra, «habría coordinado con el ex alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, David Cornejo, a quien realizó diversas llamadas, a través de la coordinadora de su despacho Susana Esther Culqui Pucaya», se lee en el documento fiscal al que accedió El Comercio. El Programa Nacional de Vivienda, Construcción y Saneamiento terminó favoreciendo con la buena pro al Consorcio Saneamiento Santa Rosa-Proyectos y Construcciones Oriental E.I.R.L y a Agusti y Masoliver S.A sucursal Perú.

Velásquez Quesquén la fiscalía lo investigará por los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias, porque habría hecho coordinaciones con la finalidad de gestionar mayor presupuesto para la Municipalidad de Chiclayo cuando David Cornejo era el alcalde. Según la carpeta fiscal, para ello, se habría contactado con la vicepresidenta Mercedes Araoz,  la congresista por Fuerza Popular, Cecilia Chacón y el ex jefe de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Edgard Quispe.

El legislador aprista también que habría intervenido para que Cornejo Chinguel se reúna con el ex contralor Edgar Alarcón, investigado por presuntamente haber recibido S/30 mil en el 2016 para que desbloquee las cuentas de la Municipalidad de Chiclayo. Velásquez habría pedido al exalcalde chiclayaano entregar un certificado de funcionamiento a los dueños de la discoteca Premium y favorecer con la buena pro al empresario Ángel Nureña.

Clemente Flores (Peruanos por el Kambio) deberá responder por los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias, porque se le imputa haber coordinado con Cornejo Chinguel la gestión obras para Chiclayo. A cambio, el entonces burgomaestre le entregaría el 5% del valor de cada una. También se acusa al oficialista haber gestionado que dos empresarios vinculados a Cornejo entreguen S/120 mil a la campaña electoral municipal y regional de PpK del 2018, en Lambayeque. Por último, la fiscalía lo acusa de haber recibido en octubre de 2017 la suma de S/145 mil, a través de su asistente Américo Sánchez, por gestionar presupuesto para obras en Cajamarca.

En el caso de Marvin Palma, la fiscalía lo investigará por los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias y otros que sean resultado de las pesquisas. El congresista de Cambo 21 fue involucrado por presuntamente haber pedido al ex alcalde Cornejo ser beneficiado con la ejecución de obras a cambio de interceder ante el ex contralor general Alarcón, para que levante el desbloqueo de las cuentas bancarias del municipio chiclayano.

César Vásquez, de Alianza para el Progreso, se le investiga por los delitos de colusión y tráfico de influencias, según la disposición fiscal, que señala que en el 2016, este congresista habría solicitado al investigado Juan Noé Cornejo Chinguelque interceda ante el secretario de procesos administrativos de la Municipalidad de Chiclayo, Marco Antonio Medina Villena, para que favorezca al empresario de Cajamarca José Campos con la buena pro de la Pavimentación y Veredas del pueblo joven Elías Aguirre, quien, posteriormente, habría entregado S/40 mil a Cornejo Chinguel por la recomendación. La fiscalía cree que Vásquez también pudo haberse favorecido económicamente por su intervención.

(*Por error se consignó el nombre de la congresista, Marisol Espinoza, quien no es mencionada en la denuncia contra los congresistas)

Fuente: El Comercio.

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