Fiscalía investiga obra del dren Telefónica por presuntas irregularidades en contratación

La disposición fiscal señala que la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre habría obviado requisitos importantes durante el proceso de selección. Los dirigentes señalan que el consorcio entregó información falsa

El Ministerio Público está investigando al alcalde de Veintiséis de octubre, Darwin García Marchena, y los regidores Jaime Benites Acha, Javier Rigoberto Boceta Farro, Yesenia Barranzuela Cornejo, Víctor Fernando Sosa González, Brayan Arnold Castillo Coro, Ana Cecilia González Ayala, William Elmer More Zapata y Martín Nicolás Adanaqué Yarlequé, por el presunto delito de omisión de actos funcionales.

En un primer momento la voz de alerta la dio en febrero la ciudadana Sugey Pilar Carrasco Ramos, quien solicitó la nulidad del contrato por supuesta falsedad de información, prevista en la cláusula décima sexta del contrato, pedido que hasta la fecha no ha sido respondido, constituyendo el presunto delito del abuso de autoridad en la modalidad de omisión, rehusamiento y demora de sus actos funcionales, por parte del alcalde y sus regidores.

“Recién el día 27 de junio del 2019, a pesar de conocer que el contrato carecía de valor legal, de manera absurda, irresponsable e ilegal hace la entrega del terreno para la referida obra al Consorcio Reconstrucción, hecho que corrobora las causales previstas en el inciso 9 del artículo 10 concordante con el artículo de la Ley Orgánica de municipalidades N° 27972 de vacancia de regidores”, se lee en la denuncia.

Al respecto, los ciudadanos Oscar Rufino Flores y Juan Carlos Ordinola Pingo también denunciaron penalmente este caso el pasado mes de diciembre del 2019, señalando que el contrato fue suscrito de manera ilegal, puesto que no se ha seguido los procesos que regula la ley, incluso se habría omitido la existencia del proceso penal N° 4151-2016 de la empresa, por el presunto delito de colusión simple y un proceso administrativo sancionador N° 2109-2007- TC, seguido ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, por lo que debieron haber declarado la nulidad del contrato.

Anteriormente, Ordinola Pingo indica que en el mes de octubre del 2019 se solicitó a las autoridades que tomen acciones correctivas en la obra, tras sostener que el ingeniero a cargo de la supervisión, Lisandro Aparicio Valdiviezo, habría estado a cargo de la supervisión de dos obras al mismo tiempo.

Según el dirigente Aparicio Valdiviezo, el mencionado ingeniero estuvo a cargo de la supervisión de la obra de mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal del asentamiento Raimondi, de la UPIS Antonio Eguiguren, en el distrito de Piura y, a la vez, en la supervisión de la rehabilitación del dren Telefónica.

Asimismo, señala que la obra hasta la fecha no ha sido culminada y ya presenta deterioro en las bases, así como rajaduras, las cuales deben ser arregladas.

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La obra

Cabe señalar que, la contratación por los servicios de consultoría al consorcio Telefónica, integrado por Tresa Construcciones SRL, cuyo representante es Wilmer Newell Santos Albines y MJ&CA Ingeniería SAC, representada por Jaime Martín Vargas Tinoco; se realizó el 24 de octubre del 2018, en la gestión del exalcalde Práxedes Llacsahuanga, en ese entonces, el gerente municipal José Hilton Távara Atoche, en representación de la autoridad edil selló el contrato para que se encargue de la supervisión de la obra.

Los trabajos son de la Creación Vía Canal, tramo ubicado en el asentamiento Paredes Maceda y Ciudad de Sol, desde la avenida Grau hasta el Dren Maldonado, centro poblado de San Martín, cuya inversión es de S/ 226,440, proceso que siguió la actual gestión, pese a las advertencias en contra del consorcio.

Por su parte, el regidor Javier Boceta informó que los concejales tenían plazo hasta ayer lunes 12 de octubre para sustentar ante la Fiscalía, y desde ahí se decidirá si son citados por este caso o no.

Mientras tanto, el Ministerio Público sigue con la investigación preliminar. Posteriormente, el fiscal a cargo del caso decidirá si formaliza la investigación o la archiva.

Fuente: Correo 

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