La lucha de Marcelino Inga por defender sus tierras comunales de las empresas vinculadas al Sodalicio

Vídeo: Scarlett Cardoza – Cutivalú

Por Cindy Chanduvi

¿Qué hace que una persona arriesgue su vida para defender una tierra? Marcelino Inga Inga puede nombrarnos muchas razones, pero quizás la principal sea, que “es la tierra que lo vio nacer y es imposible no hacer nada cuando está siendo arrebatada por poderes que se sienten intocables”.

Marcelino es un tipo franco que te cuenta su historia mirándote a los ojos, casi sin titubear, y cuando lo hace es porque la voz se le corta de la impotencia que siente al recordar los atropellos y amenazas de las que él y muchos comuneros de la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos, en Piura, son víctimas por defender sus tierras de empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana.

En octubre de 2020, Cutivalú alertó que la la empresa San José expandió sus campos sobre la gruta del comunero asesinado Guadalupe Zapata / Imagen: Cutivalú

A sus 63 años, este comunero de porte pequeño, pero voz enérgica, no espera que alguien haga algo extraordinario por él, solo pide que se haga justicia. El 8 de diciembre de 2020 se cumplieron nueve años de la muerte de Guadalupe Zapata Sosa– comunero y amigo entrañable de Marcelino- asesinado cuando salió al frente de un grupo de foráneos que llegaron a cercar las tierras comunales, alegando ser de propiedad privada.

“Nosotros tenemos miedo de que algún día nos callen. Aparentemente estamos bien, pero claro que tenemos miedo que cualquier rato nos hagan daño en la chacra, o en otro lugar. Por ejemplo, aquí yo estoy recontra feliz porque están ustedes…”, alcanza a decirnos, segundos antes de que la emoción le impida seguir hablando y sus manos se levanten hacia sus ojos, en un intento fallido por evitar las lágrimas.

Si bien el conflicto inició hace 10 años, aproximadamente, el origen del problema data de 1998 cuando en una asamblea comunal, que nadie recuerda, la comunidad San Juan Bautista les cede 9 mil 985 hectáreas a 100 comuneros, la mayoría solteros o fallecidos. Incluso se habla de firmas falsas según consta en la comparación del acta registral con las fichas del Reniec de los supuestos beneficiados.

Cuatro años después, los 100 comuneros ceden, bajo la modalidad de aporte de capital, gran parte de las 9 mil hectáreas a la empresa Pampa Loma Vega, la misma que a su vez, en 2004, cede los terrenos a cinco empresas: Constructora Keheda SAC, Agroindustrias Marvel SAC, Inmobiliaria Geótica SA, Hernán Constructora y San Gerardo.

Según una investigación de Wayka todos estos movimientos se realizaron con el aval del mismo registrador público: Jorge Salomón Reyes, también conocido como ‘El Veloz’, quien tiene en su haber tres procesos administrativos en SUNARP por diversas denuncias de la Asociación de Propietarios Afectados por el Estado (APAE), y una resolución de la Contraloría General de la República que lo sindicó como responsable por inscribir un terreno del Ministerio de Defensa valorizado en 5 mil soles a nombre de una pareja conyugal.

LEER MÁS >>> Empresa San José extiende plantaciones de uva sobre la gruta de comunero asesinado durante invasión de sus tierras

Vínculos con el Sodalicio

“La San Gerardo es la que el 8 de diciembre de 2011, apoyada por delincuentes, llegó a cercar un terreno. Allí muere don Guadalupe Zapata (…) En el 2012 le transfiere los terrenos a la San Juan la misma que empieza a denunciarnos”, narra Marcelino Inga, mientras nos señala las extensas tierras del bosque seco de Catacaos y Cura Mori donde siempre ha vivido y que ahora se han convertido en escenario de ataques hacia los comuneros por parte de desconocidos que andan armados.

Cuando Marcelino dice “la San Juan” se refiere a la Asociación civil San Juan Bautista, fundada por el sodálite y arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi, que se volvió propietaria de una parte de los terrenos en disputa tras hacer negocios con la empresa San Gerardo e Inversiones San José, cuyo representante legal es Inversiones Santa Regina SAC. Esta última, le había comprado las tierras a la Constructora Keheda SAC.

“La San Juan le vende a la San José, y luego a Santa Regina, pero siguen siendo los mismos. ¿Cuál será el pensamiento de sus abogados al cambiar a cada rato de dueño? Que les perdamos el rastro, seguro”, añade Marcelino.

En efecto, en 2017 Keheda vendió sus terrenos, no solo a Santa Regina- dirigida por tres sodálites- también lo hizo a la agroexportadora Fegurri SAC y la Constructora Miraflores SAC, con vínculos con el Sodalicio.

Diseño: Edenilson Román – Cutivalú

Durante los 10 años de este conflicto de tierras, dos comuneros de Catacaos han sido asesinados, siete han resultado heridos y otros 39 han sido denunciados, según la data de la Unidad de protección de defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), institución que desde 2014 brinda acompañamiento legal a Marcelino Inga, Felipe Yovera y otros comuneros acusados por estas empresas de usurpar la tierra que los vio nacer y que les heredaron sus ancestros.

“En los años 2013- 2014 nos iban a meter presos, porque en cada papel que nos mandaban pedían ocho o diez años de cárcel. Pero, como un ángel de Dios nos contactó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Vinieron dos veces a la comunidad. En la segunda oportunidad vinieron también integrantes del Congreso”, recuerda Marcelino con voz de agradecimiento y convencido de que si bien hay mucho por hacer para hallar justicia, no están solos en la lucha.

Enviado especial de la ONU, Michel Forst, para recoger testimonios de los comuneros de Catacaos. Foto: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

El reclamo de los comuneros motivó que en enero de 2020 las Naciones Unidas enviara a Catacaos a su relator especial en defensores de derechos humanos, Michael Forst, quien escuchó el sentir de Marcelino Inga y otros habitantes de la Asociación Cruz Blanca, y Alfa y Omega, ambas afectadas en su territorio por el actuar de estas agroexportadoras, constructoras e inmobiliarias.

 

Teme por su vida y la de su familia

En el 2011 fue asesinado el comunero Guadalupe Zapata cuando invadían su territorio ubicado a la altura del km 975, en la vía Piura- Chiclayo.

Marcelino cuenta con garantías para su vida, pero estas quedan en el papel como suele ocurrir con varios defensores de derechos humanos y defensores ambientales. A su vivienda en el km 975 de la vía Piura- Chiclayo han llegado sujetos que dicen ser policías. Preguntan por él y luego se van sin mayor explicación. Lo mismo ocurrió el 12 de setiembre de 2020 en la vivienda de su madre ubicada en Chato Grande, distrito de Cura Mori (Piura) y en la de sus hijos en Lima.

El comunero cree que esto responde a una queja que en 2017 presentó ante la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú contra policías de Piura que intervinieron en sus tierras para desalojarlos sin contar con la presencia del Ministerio Público. “Cuando las empresas nos denuncian, la policía corre a amedrentarnos, pero cuando nosotros lo hacemos, simplemente no somos escuchados”, añade.

Pedirán absolución

Para Carlos Rodríguez Huambachano, integrante de la Unidad de Protección de defensores de los derechos humanos de la CNDHH, hay una clara vulneración contra los comuneros, no solo por parte de las empresas, sino también de instituciones del Estado. Considera que, detrás de ello hay intereses económicos y políticos vinculados al Sodalicio de Vida Cristiana, agrupación religiosa que ha querellado a los periodistas de investigación Pedro Salinas, Paola Ugaz, y al policía en retiro, Pedro Zapata Monteza.

Rodríguez recordó que el 21 de diciembre de 2020 se realizará la audiencia en la que comuneros del Km 975 y 980 de la vía Piura- Chiclayo, entre ellos don Felipe Yovera y su familia son acusados por la Constructora Keheda SAC de presunta usurpación de terrenos.

La CNDDH que asesora legalmente a los comuneros, pedirá al juzgado la absolución de los comuneros. “Confiamos en que los comuneros saldrán airosos pues los argumentos de Keheda son rebatibles ya que hay muchas formas de demostrar que los campesinos han vivido ahí desde siempre”, manifiesta el miembro de la CNDDHH.

Felipe Yovera, comunero de Alfa y Omega, también ha sido denunciado por defender sus tierras comunales. / Foto: Scarlett Cardoza – Cutivalú

Lo mismo espera Marcelino para Felipe Yovera, con quien camina desde hace años en la defensa de las tierras de la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos. El resultado de esta audiencia será sin duda un precedente importante para los otros comuneros con denuncias.

Marcelino Inga Inga es más que un defensor de los terrenos de la Comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos, es el defensor del bosque seco de esta tierra norteña que corren un serio riesgo de desaparecer con la expansión de estas empresas.

Cuando nos despedíamos de Marcelino Inga después de la entrevista, recordamos que al llegar a la comunidad, y con todos los antecedentes del caso, comentábamos que cualquier otra persona en su lugar hubiese salido de la comunidad y con razones bastante válidas por el temor que da perder la vida, ante una lucha que claramente se asemeja a la de David contra Goliat.

Es reconfortante, pero a la vez comprometedor, haber hallado respuestas a la pregunta con la que iniciamos este reportaje. Cada palabra y gesto de Marcelino Inga demuestran que hay motivos como los derechos humanos y la dignidad por los cuales luchar porque son innegociables, y por los que la justicia peruana no les puede seguir siendo esquiva ni un día más.

CNDDHH: derechos de comuneros del Bajo Piura son vulnerados por intereses políticos y económicos

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here