La noche en que el exdictador Alberto Fujimori liquidó a la democracia

Fallas de origen. El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos instalaron un régimen que se caracterizó por los actos de corrupción y las violaciones a los derechos humanos. Todavía son perceptibles los efectos de ese funesto día.

334

Probablemente porque los autores del golpe de Estado del 5 de abril de 1992 no recibieron severas condenas, todavía hay quienes justifican la asonada cívico-militar que encabezaron Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y el general Nicolás Hermoza Ríos.

Bajo la apariencia de la reconstrucción de la economía, la lucha contra el terrorismo y la reinserción del país en el mundo, esa noche infausta se instaló en el Estado una organización criminal que se apropió de al menos 6 mil millones de dólares, según cálculos de la procuraduría Fujimori-Montesinos.

De todos los conspiradores, el que recibió la mayor pena fue el exministro del Interior general EP (r) Juan Briones Dávila: 10 años de cárcel. Al resto se le aplicó muchos menos años, en una decisión controvertida que emitió un tribunal supremo presidido por Luis Lecaros Cornejo, quien coincidentemente preside la Corte Suprema.4

 

Resultado de imagen para golpe de estado Perú Fujimori

No obstante que obtuvieron papeles decisivos en la conjura contra la democracia, Jaime Yoshiyama Tanaka, Absalón Vásquez Villanueva, Jaime Sobero Taira, Alfredo Ross Antezana, Víctor Joy Way Rojas, Óscar de la Puente Raygada, Carlos Boloña Behr, Augusto Antoniolli Vásquez y Víctor Paredes Guerra recibieron 4 años de prisión, suspendida por 3 años de reglas de conducta. Fue un saludo a la bandera.

El exministro de Defensa, el general EP (r) Víctor Malca Villanueva, murió en condición de prófugo de la justicia, y el extitular del Ministerio de Economía y Finanzas Augusto Blacker Miller se oculta en Albania.

Contribuyeron no solo a la liquidación de la democracia sino también a la constitución de una organización que se apoderó del Estado para corromperlo. Terminado el régimen que se originó la noche del domingo 5 de abril de 1992, el Poder judicial ha resuelto más de 200 casos relativos a actos de corrupción que se cometieron durante el mandato de Fujimori.

Además de condenas carcelarias, los tribunales les impusieron el pago de reparación civil y casi nadie ha cumplido con hacerlo. Quien se ha resistido persistentemente a acatar el mandato judicial es justamente Alberto Fujimori.

El exjefe de Estado no ha pagado un centavo de los 27,4 millones de soles por compensación de daños que le debe al Estado peruano al haber incurrido en violación de derechos humanos y delito contra la administración pública. Fujimori ha alegado insolvencia, que no tiene absolutamente nada a su nombre.

Ni un centavo

Su brazo derecho, Vladimiro Montesinos, tampoco ha honrado nada de los 548,1 millones de soles de reparación. Y la tercera pieza clave de los golpistas, el general Nicolás Hermoza, debe 28,4 millones de soles. No les interesa pagar nada porque consideran que lo que hicieron se justificaba.

El exministro Víctor Joy Way Rojas tiene pendiente de abono de 10,1 millones de soles.

«La Procuraduría no ha logrado todavía cobros significativos por concepto de reparación civil que deben los condenados por casos de corrupción, y los montos son muy altos de acuerdo a lo que el propio procurador Amado Enco ha señalado. Alberto Fujimori no ha pagado un sol, y no es porque no tenga dinero sino porque simplemente no le da la gana», dijo el exfiscal Avelino Guillén.

La última vez que Alberto Fujimori, condenado por delitos de corrupción y violaciones de los derechos humanos, se refirió al golpe que encabezó el 5 de abril de 1992, fue en 2017. Ningún remordimiento, nada de enmiendas, más bien se autoproclamó, irónicamente, «arquitecto de la democracia».

“El 5 de abril de 1992 no se mató la democracia. Se la salvó. El 80% de peruanos aprobó la medida», arguyó, pasando por alto los clamorosos episodios de corrupción que él mismo protagonizó, como la compra de congresistas tránsfugas, el financiamiento de la «prensa chicha», el espionaje telefónico, aparte de los delitos económicos y financieros. Hasta el día de hoy todavía las autoridades buscan por el mundo el dinero robado a los peruanos.

Las imágenes que aparecen en estas páginas, de militares impidiendo el trabajo periodístico, acosando a congresistas, tomando el control de las instituciones públicas, deben servir para que no se vuelva a repetir.

Fuente: La República

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here