Marchena niega vínculo con proveedora favorecida por Municipalidad de Ayabaca

Durante la audiencia, su abogado reiteró que el hecho investigado por la Fiscalía no constituye un delito.

Humberto Marchena Villegas, alcalde de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

Este martes se realizó la cuarta sesión de la audiencia de control de acusación contra el alcalde de Ayabaca, Humberto Marchena Villegas, quien es investigado por los presuntos delitos de colusión, peculado y negociación incompatible.

Durante la audiencia, su abogado Alberto Borea Odría intentó negar la relación del alcalde con su concuñada Maximina Granadino Cunya, quien fue favorecida del 2011 al 2013 en trece procesos de contratación con la Municipalidad de Ayabaca.

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Con ello, y las acciones de excepción presentadas por Borea, la defensa de Marchena busca archivar el caso aduciendo que los hechos investigados no constituyen delitos.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción presentará elementos de convicción para probar el vínculo de convivencia. Según la investigación, Humberto Marchena mantuvo una relación extramatrimonial con una ciudadana de nombre Emérita Quinde Chamba, con quien tiene un hijo de 14 años. Dicha ciudadana es hermana del esposo de Maximina Granadino Cunya, docente y proveedora de la Municipalidad de Ayabaca.

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Aun cuando el Ministerio Público absolvió todos los recursos legales presentados, entre ellos el de sobreseimiento, el juez Carlos Muñoz Alfaro dijo que programará una nueva sesión para que se presenten los elementos de convicción de la Fiscalía. Allí se probará la cercana relación del alcalde Humberto Marchena con Maximina Granadino.

La audiencia inició a las 10 a.m. y terminó a las 2 p.m. en el Juzgado Anticorrupción de Sullana. El Ministerio Público imputa los delitos de peculado, colusión y negociación incompatible a Humberto Marchena Villegas, su concuñada Maximina Granadino y ocho funcionarios de la Municipalidad de Ayabaca por presunto favorecimiento ilegal.

El alcalde Marchena, quien es candidato a la alcaldía de Lagunas por Fuerza Regional, podría ir 12 años preso, al igual que los funcionarios investigados. En tanto, Maximina Granadino podría recibir una pena de 24 años de cárcel.

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