Opinión: «La persecución judicial de la corrupción es legítima»

Lee este comentario del abogado Federico Chunga Fiestas.

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Escribe: Federico Chunga Fiestas

A la fecha, todos nuestros expresidentes y varios de los principales líderes políticos del país están siendo investigados por delitos vinculados con actos de corrupción, por un sistema de justicia que otorga garantías básicas de independencia e imparcialidad.

Es decir, tenemos fiscales y jueces autónomos, se respeta la doble instancia y el derecho de defensa, y lo más importante, las decisiones judiciales y las resoluciones fiscales se fundamentan razonablemente y son puestas en conocimiento de la opinión pública, para su escrutinio, de un modo similar a lo que ocurre con las audiencias judiciales que, como pocas veces en nuestra historia, son transmitidas por televisión bajo la atenta mirada de un gran sector de la ciudadanía.

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Por supuesto el sistema de justicia mantiene graves deficiencias y en casos concretos ha incurrido en arbitrariedades que instancias superiores como la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional han sabido corregir, lo que significa que el sistema incluso está funcionando para remediar sus propios errores, y que estos errores no son parte de una coartada contra enemigos políticos.

Como no ocurría desde los primeros años del presente siglo, el Poder Judicial y el Ministerio Público parecen estar cumpliendo, dentro del margen de lo posible, con su obligación de procesar y, eventualmente, castigar a las altas autoridades que, abusando de su poder, han traicionado la confianza ciudadana y se han beneficiado a sí mismos y a terceros con el uso delictivo de los recursos públicos.

Esta es una situación que, sin embargo, podría ser efímera si el Estado en su  conjunto, con el respaldo de la ciudadanía, no implementa medidas concretas para fortalecer y mejorar el trabajo de jueces y fiscales. Ello supone entregarles mayores recursos, pero sobre todo evitar que el poder político se inmiscuya en su labor.

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Por eso es importante que de acuerdo con sus competencias, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público entreguen de inmediato toda la información que sea necesaria para descartar la absurda acusación de persecución política que ha planteado el expresidente Alan García como fundamento para solicitar asilo diplomático en la Embajada de Uruguay.

A ese país debe quedarle absolutamente claro que lo que existe en el Perú es una persecución judicial legítima dirigida a esclarecer dentro de un juicio justo la responsabilidad penal del expresidente por el aparente pago de sobornos que le habría hecho a él y a altos funcionarios de su gobierno la empresa Odebrecht y que, por lo demás, la vida del expresidente no corre ningún peligro a causa de esa persecución judicial.

Uruguay, por su parte, debe valorar seriamente las circunstancias de la solicitud de asilo y tener en cuenta que tiene obligaciones internacionales que le exigen combatir y ayudar a los países de la región a combatir la corrupción. Aceptar el asilo significaría una afrente para sus propios ciudadanos y para el sistema democrático de la región, puesto que avalaría la impunidad con la que se han acostumbrado a actuar los líderes políticos y los altos funcionarios peruanos.

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