Ordenan 9 meses de prisión preventiva para sujeto investigado por maltratar a menor de 3 años

A fin de garantizar la presencia de Randy Angarita Rojas en el proceso judicial que se le sigue por los presuntos delitos de lesiones graves y exposición al peligro de persona dependiente en agravio del menor K.P.A. (03), la jueza Silvia Rodríguez Guerra ordenó su internamiento preventivo por el periodo de nueve meses.

La magistrada del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura valoró en la audiencia, que se realizó de manera virtual, los elementos sustentados por la fiscalía, donde se destacan: el acta de intervención policial donde se describe las circunstancias en que se encontró al menor de edad en un hotel ubicado en el mercado modelo de Piura.

Además, la fiscalía presentó videos y capturas de imágenes donde se visualizan las condiciones del menor de edad al momento en que la policía ingresó a la habitación del hotel, donde se encontraba solo.

También se tiene el informe médico del CLAS “San José”, donde se concluye que el menor muestra signos evidentes de maltrato infantil, recomendando se realice interconsulta para las especializados de oftalmología y traumatología.

Otros elementos de convicción son los dos certificados médicos legales practicados al menor, el primigenio y su ampliación, que acreditan lesiones traumáticas recientes y antiguas, así como fractura de huesos en la nariz y el tórax.

Del mismo modo, la fiscalía presentó la declaración de Karla Arteaga Rojas, quien es la madre del menor agraviado, donde afirmó que el 11 de setiembre del presente año tuvo una discusión con el investigado, quien la golpeó en el vientre y producto de ello la mujer habría abortado.

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Arteaga Rojas también declaró que su conviviente Randy Angarita golpeó al menor de tres años en la calle, además de haberlo mordido en varias ocasiones. Para luego dirigirse al hotel donde fue encontrado el menor.

En cuanto a la pena probable a imponer, al tratarse de dos delitos que habrían sido ejecutados al mismo tiempo, las penas se sumarían y superarían los cuatro años de pena privativa de la libertad.

Finalmente, en la audiencia no se logró acreditar arraigo domiciliario y laboral por parte del investigado, pues no tiene un lugar de residencia ni trabajo estable. Además de que existe peligro para la obstaculización de las investigaciones.

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