(Foto: El Peruano)

El Poder Ejecutivo oficializó el decreto supremo que declara al año 2019 como “Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”. Conozca las razones que fundamentan dicha denominación.

En los considerandos de la norma, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se afirma que la lucha contra la corrupción constituye una política de Estado de la mayor importancia.

Además, el Gobierno considera fundamental contar con servidores íntegros, capacitados y comprometidos con la función pública.

Para ello, agrega, el dispositivo legal, el Estado no solo debe erradicar cualquier práctica irregular o poco transparente a su interior, sino visualizar la necesidad de luchar con las herramientas que el marco jurídico otorga contra quienes amenacen o atenten contra dicha pauta de comportamiento.

Asimismo, hace referencia a la Convención Interamericana contra la Corrupción,tratado suscrito por el Estado peruano, el cual señala en su Preámbulo que: “la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas”.

También remarca los alcances de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, que establece los principios, deberes y prohibiciones éticas que rigen para los servidores públicos de las entidades de la Administración Pública.

Dicho código señala el deber de la probidad, el cual implica actuar con rectitud, honradez y honestidad en aras de satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona.

(Fuente: Andina)

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