Por quinta vez se posterga la audiencia del alcalde de Ayabaca

Se le investiga por el presunto favorecimiento ilegal a su concuñada

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Humberto Marchena Villegas, alcalde de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

Por quinta vez se postergó la audiencia del alcalde de Ayabaca, Humberto Marchena, por el caso de presunto favorecimiento ilegal a su concuñada.

Este jueves 22 de marzo debió realizarse el inicio de control de acusación contra Marchena en la sede del Juzgado Anticorrupción de Sullana. Pero la audiencia se frustró debido a la inasistencia del abogado del alcalde, Alberto Borea Odría.

El último 15 de marzo, Borea solicitó al juzgado reprogramar la audiencia porque tenía que defender a Pedro Pablo Kuczynski del proceso de vacancia el mismo jueves 22. Sin embargo, hay que indicar que esta defensa nunca se dio, pues Kuczynski renunció un día antes a la presidencia de la República.

Pese a ello, el juez Carlos Muñoz Alfaro decidió reprogramar la audiencia para el próximo viernes 20 de abril a las 11 de la mañana. Por ello, el fiscal a cargo del caso, Andy Saavedra Dioses, pidió que para la fecha señalada se presenten defensores públicos, para que asuman ante la ausencia de un abogado defensor. “Solicito que se tomen los apremios de ley y no se frustre nuevamente”, señaló.

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La Fiscalía de Sullana pide 12 años de cárcel para Humberto Marchena Villegas por los delitos de negociación incompatible y colusión. Según la investigación, la Municipalidad de Ayabaca contrató a la profesora Maximina Granadino Cunya, concuñada del alcalde, para servicios de compra de materiales.

Todo apunta a que los contratos habrían sido orquestados con la proveedora, es decir, con Maximina Granadino, quien fue favorecida 13 veces por el municipio provincial entre 2011 y 2013, e inhabilitada definitivamente para contratar con el Estado, debido a que presentó documentos falsos e inexactos.

Los funcionarios acusados, para quienes también se pide 12 años de cárcel, son Leonidas Valverde Samaniego, Ricardo Llacsahuanga Castillo, Olinder Garcés Montalván, Teresa Rivera Calle, Marino Tafur Castillo, José Mendoza Siancas y Bianca Nonajulca Ávila.

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Para el funcionario Martín García López se pide nueve años de cárcel porque, a diferencia del resto, no participó en todos los procesos. Además, para Maximina Granadino se ha pedido 24 años de prisión.

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