Proyecto Alto Piura: no cambiarán a abogado investigado por presuntos favorecimientos a Odebrecht

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El centro de arbitraje de la Cámara de Comercio rechazó el pedido del Proyecto Alto Piura para que se cambie al abogado Fernando Cantuarias quien tiene a cargos los arbitrajes con el consorcio Obrainsa Astaldi.

Fernando Cantuarias es investigado por presuntamente haber favorecido a Odebrecht en los arbitrajes con el Estado Peruano.

El Gobierno Regional de Piura, a través del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (PEIHAP), rechazó la decisión del Consejo Superior de Arbitraje, de haber declarado infundado el recurso de reconsideración de la Procuraduría Ad Hoc en Procesos Arbitrales del Gobierno Regional Piura.

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Manuel Vega Palacios, Gerente General del PEIHAP informó que mediante Resolución N° 01-2020/CSA-CA-CCP, de fecha 21 de enero 2020 se declaró infundado el pedido de reconsideración y permanece por tanto en calidad del Presidente de Tribunal Arbitral el árbitro Fernando Cantuarias Salaverry.

“Estamos disconformes con el accionar del Centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Piura y del Poder Judicial, porque la participación de este árbitro investigado por casos de corrupción no garantiza un buen proceso”, señaló.

Con resolución N° 063-2019-CSA-CA-CCP emitida por el Consejo Superior de Arbitraje se dispuso reintegrar como presidente del Tribunal Arbitral en el Arbitraje N° 005-2017 al árbitro Fernando Cantuarias Salaverry, detenido con prisión preventiva a fines del año pasado e investigado junto con 14 árbitros por supuesta corrupción en la emisión de diversos laudos arbitrales a favor de Odebrecht.

Actualmente, Fernando Cantuarias Salaverry y Franz Kundmuller Caminti- forman parte del Tribunal Arbitral que tiene a cargo los procesos que Obrainsa- Astaldi inició contra el Proyecto Alto Piura, los cuales están referidos a ampliaciones de plazo que exige la Constructora Obrainsa- Astaldi.

La Procuraduría Regional Ad Hoc en Procesos arbitrales está tomando las acciones legales ante la OSCE y al Consejo de Defensa Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a fin de hacer incidencia y se deje sin efecto la indicada resolución y se proceda a designar un nuevo árbitro.

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