Ser madre sin elección: La historia de una niña violada por su docente

Por: Gustavo Guarnizo – Colaboración con Wayka

Escucha el podcast sobre este caso aquí>>> «Abandonada por la justicia»

Es mediodía en el caserío Palo Negro, ubicado en el distrito de San Juan de Bigote en la provincia de Morropón de la región Piura. El viento sopla fuerte y el sol primaveral arde. Allí vive ‘Katya’, una niña que fue víctima de violación y ha sido olvidada por el Estado tras quedar embarazada. Para llegar al lugar se necesitan tres horas en camioneta, por pista y trocha, desde la capital de Piura. Luego se camina durante 20 minutos por la falda de un cerro pedregoso.

El escenario es rústico. Su casa, una de las últimas del cerro, es de adobe y las aves de corral y cerdos caminan de un lado a otro. De pronto sale una mujer con una gorra. Parece tímida pero al hablar se nota segura de sus afirmaciones. Tras ella aparecen dos niñas pequeñas, mientras que otra lava ropa de bebé en un grifo de agua. Es la madre de ‘Katya’.

‘Katya’, quien ahora tiene 15 años, prefiere no salir. Está sentada con unos cuadernos sobre la mesa de la sala, que también es la cocina. Rehuye la mirada y al sentirse observada prefiere esconderse.

El caserío Palo Negro es uno de los lugares de Piura marcados por la pobreza. Foto: Gustavo Guarnizo/ Radio Cutivalú

Niñas, no madres

En abril de 2019, ‘Katya’ le contó a su madre que César Germán Ibañez Agurto (37 años), el profesor de su colegio, la llevó con engaños a su cuarto y la violó. En ese momento, ella ya tenía cinco meses de embarazo. El hecho de violencia había ocurrido en diciembre de 2018 cuando tenía 13 años y cursaba el 2° grado de secundaria en el colegio Enrique López Albujar, ubicado en el caserío vecino de Barrios.

A los pocos días, exactamente el 10 de abril, la madre de ‘Katya’ decide ir a la fiscalía de Chulucanas para denunciar al docente que violó a su hija. La niña no pudo recibir a tiempo el kit de emergencia que se reparten en los casos de violación sexual, tampoco acceder al aborto terapéutico a tiempo.

La vida de ‘Katya’ ha cambiado radicalmente. En julio de 2019 se convirtió en madre y su hijo tiene un año y dos meses. Ahora ella debe repartir su tiempo entre las clases virtuales del colegio y asumir una maternidad. No tiene ánimos para jugar o realizar otras actividades de su edad en el poco tiempo que le queda.

Su madre, ‘Estela’ (42 años), cuenta que su hija está diferente. Cuando le pide que vaya a comprar, ‘Katya’ direcciona la orden a sus hermanas menores y evita salir de casa. Tampoco quiere ir pasear o visitar a su abuela.

—Ella no era así. Me dice que vaya a estar el COVID-19 [si sale fuera de casa]. Yo pienso que debe tener miedo a que el hombre se le vaya a aparecer por el camino— cuenta ‘Estela’.

Recibió presión

La preocupación y el peligro rondan a la menor y a su madre porque el agresor se moviliza con total impunidad.  A fines de agosto, Elisia recibió una llamada cuyo interlocutor se identificó como César Ibáñez. En los mismos días, ‘Katya’ recibió mensajes a su celular desde ese mismo número.

—Digo aló, quién es, y él me dice bien fuerte: «soy César». Como me habló así todo altanero, le he cortado—, comenta ofuscada.

La madre piensa que es César Ibañez quien llamó. No sabe cómo obtuvo su número. Sospecha de una profesora del colegio, ya que días antes había preguntado por el celular de su hija.

Se trata de la profesora Rosario Escárate Viera quien junto al director Henry Crisanto presionaron a la niña y a su madre para que llegaran a un acuerdo económico con la familia del agresor en el 2019. La profesora sacó a la niña del aula y la hizo reunirse con la madre y la hermana de Ibañez.

La madre de ‘Katya’ también asegura que solo hasta el año pasado, su hija recibió el acompañamiento psicológico del Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Chulucanas y también del colegio por ser jornada escolar completa. Pero esto se ha visto interrumpido por la pandemia. ‘Katya’ está ahora sola y siente temor por su vida y lo que le espera en el futuro.

La madre de ‘Katya’ espera justicia para la mayor de sus hijas. Foto: Gustavo Guarnizo/ Cutivalú Piura

Justicia que tarda

Desde noviembre de 2019 pesa una orden de captura sobre César Germán Ibañez Agurto, el docente denunciado por violación. La Fiscalía dispuso 6 meses de prisión preventiva en su contra , pero hasta el momento continúa libre. La prueba irrefutable del delito fue el examen de ADN que confirmó la paternidad.

‘Katya’ y su madre sienten que el caso no avanza en la Fiscalía de Chulucanas y tampoco contestan sus llamadas. La última vez que la señora Elisia recibió una notificación fue el 19 de marzo de 2020. Desde entonces ningún funcionario del Ministerio Público se ha comunicado con ella.

—Por la pandemia no viajé, yo he llamado a la Fiscalía pero no me responden. Creo que quedó en nada. Las autoridades no me han dicho nada— dice con indignación.

El caso está a cargo del fiscal José Luis García Maza, quien en diciembre de 2019 realizó la audiencia de control de acusación ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chulucanas. En esta se denuncia al profesor del delito de violación a menor de 14 años de edad, pero el juicio aún no empieza porque la policía no lo captura.

Le espera cadena perpetua

La coordinadora y abogada del CEM Chulucanas, Fiorella Hidalgo Palacios, sostiene que al docente le corresponde la pena de cadena perpetua por tratarse de una víctima menor de 14 años. Por ello el caso se elevará a la Corte Superior de Justicia de Piura para que un colegiado compuesto por tres jueces inicie y desarrolle el juicio.

Señala que los errores de la Fiscalía y la pandemia retrasan el caso. “El 17 de diciembre se realizó la audiencia de control de acusación, pero por un error, para el 19 de marzo volvieron a programar la misma diligencia. Durante la pandemia no se avanzó nada. Entonces pedí que se reprograme la audiencia. Esta  se realizó el 15 de septiembre y se determinó que el juicio debe comenzar”, explica.

Hidalgo menciona que durante la pandemia el personal del CEM no se ha comunicado con la madre para informarle sobre el estado del proceso legal, y el personal de psicología tampoco. “Hubo un cambio de psicóloga, y yo soy la coordinadora pero me encargo solo del área legal. Además la menor fue derivada al centro de salud de Bigote porque nosotros no damos terapia psicológica”, dijo.

La presidenta de la Junta de Fiscales Superior del Distrito Fiscal de Piura, Sofia Milla Meza, señala que pedirá un informe sobre las diligencias avanzadas y programadas en el caso de la menor. “Tenemos una política institucional de acelerar los casos de violencia a mujeres y menores de edad. Es obligación de los fiscales priorizar estos casos”, aseguró.

Sin embargo, reconoció que han tenido dificultades para realizar notificaciones a las personas de zonas alejadas. “Hace un mes hemos contratado personal para que vaya a notificar a zonas alejadas. Estas víctimas tienen derecho a saber cómo va el caso pero la pandemia lo impide”, cuenta Milla.

La directora del Centro Ideas, Milagros Mendoza Urbina, criticó que la demora de los operadores de justicia y de las instituciones encargadas de velar por el bienestar de la menor facilitan la impunidad. “Hace dos años le hicimos seguimiento a siete casos, y solo uno consiguió justicia. Las familias necesitan ser atendidas y esta pandemia nos ha retrocedido”, añadió.

La pandemia ya lleva varios meses y ha paralizado varios procesos, para ello el Estado implementó la atención virtual y remota pero no se cumple. “Nosotros exigimos que se implementen estos servicios. Las normas no pueden quedar en el papel”, añadió.

Más de 600 niñas son madres

El Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea del Ministerio de Salud (Minsa) reporta que en lo que va de 2020, así como la hija de Elisia, otras 690 niñas entre 11 y 14 años son madres. Piura registra 19 casos, pero las regiones líderes son Lima con 110, Loreto 104, Ucayali 76, y San Martín 53.

El mismo registro también revela que 20 niñas menores de 10 años son madres. Las regiones de Piura, Arequipa, Moquegua, Madre de Dios, Loreto, Lambayeque, La Libertad, Ica y Huánuco registran un caso cada una; mientras que Lima tiene 10 casos.

En tanto el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), informa que hasta agosto del 2020, los CEM de Piura han atendido 143 casos de violencia sexual a menores de 17 años. La mayoría se concentran en Paita (23, Tambogrande (14), Ayabaca (14),  Sullana (12), Talara (12), La Unión (11) y Santa Julia (11).

Al respecto, Milagros Mendoza asegura que de acuerdo a un estudio realizado por Centro Ideas, la mayoría de estos embarazos son producto de violaciones sexuales. Por ello, sugiere priorizar la salud física y mental de la niña, porque un embarazo pone en riesgo su vida e integridad. “En el Perú existe un protocolo [de aborto terapéutico], y es obligación del personal de salud darlo a conocer a los familiares para que tomen una decisión voluntaria”, señala.

En el caso de ‘Katya’, es probable que a ella no se le consultó su decisión. Otros decidieron por ella. La falta de acceso a una información adecuada y oportuna todavía es una realidad que impide a las niñas y adolescentes velar por su bienestar. La sociedad y el Estado terminan poniendo trabas para que el número de casos de niñas convertidas en madres se detenga.

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